OPINIÓN
La calidad de la educación, ¿cuestión de alianzas entre mafias?
Wulfrano Torres Pérez*
En días pasados el gobierno de Calderón y su mercenaria aliada, Elba Esther Gordillo la guía (in)moral del SNTE, inspirados en su profunda ignorancia de los problemas educativos y a la sombra de sus mutuos e inconfesables intereses políticos económicos, suscribieron un pacto al que bautizaron con el nombre de “Alianza por la Calidad de la Educación”, con la que pretenden, según ellos: “...que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional”; objetivo tan ambiguo como absurdo. ¿Qué les hace suponer que es la sociedad la que debe cumplir con esa tarea? Y ¿quién la representaría en tan “noble” responsabilidad?
Son múltiples las falacias, incoherencias y contradicciones que contiene dicho documento, sólo me referiré a algunas de ellas.
En la orfandad de sus argumentos y a manera de “justificación”, el documento señala en su introducción que “...es imperativo hacer de la educación pública un factor de justicia y equidad”. Aunque en los hechos se destine cada vez menos recursos para la educación, y a pesar de que son miles los egresados de las universidades que no encuentran empleo y muchos que si lo tienen reciben raquíticos salarios.
En el rubro referente a “Profesionalización de los maestros y de las autoridades educativas” existe un apartado denominado:
*“Ingreso y promoción de todas las nuevas plazas y todas las vacantes definitivas por la vía del concurso nacional público de oposición convocado y determinado de manera independiente”. ¿Independiente de quién? Y si este criterio se aplicara a todos los funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, ¿Calderón sería presidente?, ¿o es que para ser presidente de la República, gobernador, diputado, secretario de estado, líder sindical, etcétera es suficiente con ser modesto de inteligencia, pero con ilimitadas ambiciones? Es muy probable que muchos de los hijos de los maestros que estudiaron una carrera universitaria, pero no consiguen un empleo digno y afín a su perfil, pudieran concursar por esos cargos siempre que no estuvieran reservados a los familiares y amigos de los políticos, a pesar de su notoria incapacidad.
Según el documento objeto del presente análisis, algunas de las supuestas consecuencias del acuerdo anteriormente referido, serían las siguientes: “contratar y promover al profesional más calificado”, “el desempeño como eje de la contratación y la promoción”, además de “fortalecer la transparencia y rendición de cuentas”. ¿Cuántos de los que ahora ocupan cargos en el gobierno o son representantes populares por dignidad deberían renunciar?, se imagina estimado lector, ¿qué tipo de gobierno y de sindicatos tendríamos, si estos criterios se aplicaran para todos?
*En lo que se refiere al apartado “Incentivos y Estímulos” el acuerdo señala: “Crear el Programa de Estímulos a la Calidad Docente”, con lo que se pretende lograr “Estimular el mérito individual de los maestros en función exclusiva de los resultados de logro de sus alumnos”. Una propuesta que parece racional e interesante, pero ¿por qué los representantes sindicales y los gobernantes no pueden ser medidos con la misma vara?, ¿cuánto dinero tendría derecho a percibir la mayoría de nuestros gobernantes, si el criterio fuera el mismo “en función exclusiva de los resultados de logro de sus ciudadanos? Sin embargo, con todo el cinismo y la desvergüenza que los caracteriza cobran sus inmorales salarios (a parte de sus tranzas y el pago de sus cuantiosos viáticos; el secretario de Hacienda cuenta con 3 mil pesos diarios sólo para su comida, más de lo que recibe cualquier presidencia auxiliar para atender las necesidades de su comunidad), a pesar de los pésimos resultados de su trabajo: la criminalidad e inseguridad, la carestía, la corrupción, el desempleo, la pobreza, etcétera. “Si no pueden, renuncien”, ya dijeron por ahí.
*Finalmente, para que Calderón no piense que estoy a favor de la delincuencia organizada porque lo crítico, debo mencionar el rubro denominado “Bienestar y desarrollo integral de los alumnos”. Uno de sus acuerdos señala “...impulsar menús equilibrados que influyan en los hábitos alimenticios adecuados y que contribuyan a la prevención del sobrepeso y la obesidad”. Otra joya de la incoherencia e hipocresía con la que viven estos “héroes” de la educación; en una declaración que la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, hizo a la prensa al inicio del actual ciclo escolar, aclaró que de ninguna manera se prohibiría la venta de refrescos y productos chatarra en las cooperativas escolares. No se puede atentar contra los intereses de las grandes empresas, por algo invirtieron en la campaña de Calderón para la presidencia de la república. Así se manifiesta la “inmensa preocupación que sienten por la salud y bienestar de los niños”.
P.D. Sin embargo, los trabajadores universitarios estamos todavía en peores condiciones.
*Profesor de la Facultad de Psicología, UAP.
No hay comentarios:
Publicar un comentario