Definen reglas de evaluación
REDACCIÓN
Con la creación del Servicio Profesional Docente, los
maestros, directores y supervisores, desde preescolar hasta bachillerato, deberán presentarse a cuatro
tipos de evaluación a lo largo de su vida, dos con carácter obligatorio, para
el ingreso y permanencia en el sistema; y el resto voluntarias, para cuando
quieran promoverse u obtener un reconocimiento o estímulos salariales.
Por primera vez una ley en el país sancionará la venta de
plazas y destituirá a los maestros faltistas.
Otra de las reformas al sistema docente es la restricción
para solicitar cambio de escuela durante el ciclo escolar, y quienes lo hagan
sin autorización, también perderán el empleo.
El anteproyecto de Ley General del Servicio Profesional
Docente, además prevé que a más tardar el 31 de mayo de 2015 deberá iniciar un
programa que sustituya a la Carrera Magisterial (creado en 1992 en acuerdo con
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, y modificado en
2011 a través del cual se entregan estímulos salariales a los maestros).
"Los beneficios adquiridos por el personal que
participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al
programa".
El propósito de todos esos procesos de evaluación al
magisterio es que la autoridad promueva, respete, proteja y garantice el
derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad.
El anteproyecto de Ley que la Secretaría de Educación
Pública (SEP) presentará al Senado en los próximos días, prevé el ingreso de
los maestros a las escuelas públicas -en los cuatro grados: preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato-, a través de un concurso de plazas para
elegir sólo a los "idóneos".
Los elegidos mediante examen obtendrán un "nombramiento
inicial" por tres años, periodo en el que se deberán presentar a una
evaluación anual, al término se determinará si su práctica favorece el
aprendizaje de los niños y sólo así recibirán el "nombramiento definitivo".
En caso de que prevalezca la "insuficiencia", a
pesar del acompañamiento de un supervisor, se le separará del servicio público
sin que los años laborados impliquen una responsabilidad para la autoridad
educativa.
La ley determinará lo que ocurrirá a quienes obtengan la
plaza bajo otros criterios, entre ellos lo que comúnmente se conoce como la
"compra o venta". Determina que "será nula de pleno derecho y,
en consecuencia, no surtirá efecto alguno sin necesidad de declaración
judicial, toda forma de ingreso distinta a lo establecido" en la ley.
"Quienes se beneficien, participen, autoricen, efectúen
algún pago o algún otro tipo de contraprestación en relación con ello,
incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a las sanciones
correspondientes", enfatiza el artículo 22 y el 40 de la Ley que en total
cuenta con 70 Artículos y 17 transitorios.
Para el caso de los maestros en servicio, la evaluación para
lograr su permanencia se realizará cada cuatro años. Aquellos que logren
calificación de "insuficiente" tendrán dos oportunidades más para
superar esa calificación, en un periodo máximo de dos años.
Si aún con la capacitación y regularización siguen con bajos
resultados "serán separados del servicio público", de igual manera
sin que implique una responsabilidad a la autoridad.
En todo estos procesos el Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE), la SEP, las autoridades educativas estatales
y los organismos descentralizados del bachillerato -como Colegio de Bachilleres
o Conalep, entre otros- asumirán responsabilidades específicas de participación
en el diseño de los instrumentos de evaluación, administración en la asignación
de plazas, definir requisitos y perfiles mínimos de los maestros a contratar,
promover, asignar reconocimientos o ampliar su permanencia.
Entre las prerrogativas otorgadas por la Ley a la SEP está
el demandar a las autoridades locales que todas las plazas de profesores,
directores, asistentes técnicos y supervisores se sometan a concurso.
La Ley de Servicio Docente tiene entre sus propósitos
"asegurar el nivel suficiente de desempeño", garantizar la formación
continua del personal, mejorar la práctica profesional mediante la evaluación
permanente e interna en las escuelas (ésta sin consecuencias de sanción administrativas
o laborales) y asegurar "en un marco de inclusión y diversidad, la calidad
de la educación y el cumplimiento de sus fines".
En el caso de la evaluación para la promoción, para quienes
aspiran a los cargos de dirección y supervisión en la educación básica se
emitirán convocatorias anuales y quienes tengan mejor desempeño obtendrán un
nombramiento con "carácter de inicial".
Ellos serán incorporados a un programa de inducción de dos
años ininterrumpidos para cursar programas de desarrollo de liderazgo, al
concluir obtendrán un "nombramiento definitivo" y en caso de
"insuficiencia" o incumplimiento en los cursos el profesor volverá a
su función docente.
En el caso del bachillerato el procedimiento es similar sólo
que el nombramiento será de "tiempo fijo". Los nombramientos podrán
ser renovables en función del desempeño de los directivos y por el periodo que
marque cada sistema de bachillerato.
Acceder a estímulos económicos temporales o permanentes será
otra forma de promoción y para ello la evaluación voluntaria e individual
beneficiará a quienes se destaquen en las evaluaciones de desempeño o a quienes
se sometan a evaluaciones adicionales. Los beneficios en este rubro serán por
cuatro años y podrá ascender a niveles superiores.
Mientras que en la evaluación para reconocimientos serán
temporales con una duración máxima de tres años y será para quienes participen
en tareas de tutoría, proyectos especiales.
Destaca la limitación al cambio de escuela durante el ciclo
escolar. "Los cambios que no cuenten con la autorización correspondiente
serán causa de separación del servicio".
En el caso de quienes no asistan a sus labores por más de
tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 días naturales, sin
causa justificada serán separados de su labor.
Los gobiernos estatales estarán obligados a armonizar su
legislación con la Ley Federal.
Aquí los documentos a los que tuvo acceso el diario.
Publicó El Universal.
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